El 5 de agosto de 1939 Julita Conesa dicta a una compañera de celda una carta para su madre y sus hermanos. Es una despedida en la que se lee: «Madre, hermanos, con todo el cariño y entusiasmo os pido que no me lloréis nadie. Salgo sin llorar. Me matan inocente, pero muero como debe morir una inocente. Madre, madrecita, me voy a reunir con mi hermana y papá al otro mundo, pero ten presente que muero por persona honrada. Adiós, madre querida, adiós para siempre. Tu hija, que ya jamás te podrá besar ni abrazar». Una carta que Julia concluye pidiendo un último deseo: «Que mi nombre no se borre en la historia ». Julita, diecinueve años, está detenida en la Cárcel de Ventas, junto con doce compañeras más -Carmen Barrero Aguado, Martina Barroso García, Blanca Brissac Vázquez, Pilar Bueno Ibáñez, Adelina García Casillas, Elena Gil Olaya, Virtudes González García, Ana López Gallego, Joaquina López Laffite, Dionisia Manzanero Salas, Victoria Muñoz García y Luisa Rodríguez de la Fuente-, todas ellas detenidas bajo la acusación de implicación en el atentado que tuvo lugar el 27 de julio de 1939 contra Gabaldón, en el que también murió su hija. Eran las Trece Rosas.

Tras el asesinato de Gabaldón se practicaron detenciones en Madrid de forma indiscriminada de todos aquellos militantes de la JSU [i] que tenían fichados; en realidad se hicieron más para acallar los ánimos exaltados que porque se supiera a ciencia cierta quién lo realizara. Uno de aquellos detenidos, tras sufrir torturas, acabó implicando, entre otros a trece chicas, la mitad de ellas menores de edad, y la mayoría pertenecientes a las JSU. Por sorprendente que pueda parecer, lo cierto es que todas ellas habían sido detenidas ya con antelación, entre mayo y junio, poco después de acabada la guerra, lo que demostraba que era imposible que hubieran participado en el mismo. Pero la maquinaria militar no podía detenerse por nimierías. Se pusieron en marcha y el 1 y 2 de agosto les realizaron un Consejo de Guerra y un juicio sumarísimo implicándolas en el atentado. La sentencia fue clara: condena a muerte.

El 4 de agosto, el día antes de su fusilamiento, otra carta, esta de petición de clemencia, y escrita por la madre de Julita Conesa, había salido hacia la Dirección General de Seguridad para que se hiciera una «revisión de la causa lo más rápidamente posible». Cuando se abrió el sobre ya habían sido juzgadas y sentenciadas, y todos los expedientes habían regresado al archivo de la cárcel con la «E» de «Enterado» que rubricaba Franco en las penas de muerte. Las firmó el 13 de agosto. Las habían fusilado el día 5. Fue uno de los asesinatos más masivos del régimen, un total de 56 personas murieron bajo una acusación no demostrada, de la participación en el atentado contra Gabaldón. Fue uno de los pocos fusilamientos que suscitó condenas internacionales y a partir del cual variaron, al menos, las edades de los fusilados y se limitaron a los mayores de edad.

Los detenidos, los «vencidos», ya lo sabían, pero se confirmó de la peor de las maneras: el aparato represivo de Franco no se detenía ante las mujeres, ni ante los menores, ni ante nada. Había empezado una de las etapas más sangrientas de la reciente historia de España, una etapa que duraría casi cuarenta años.

El fascismo español tuvo, desde el mismo 18 de julio, pero especialmente tras finalizar la contienda, un objetivo claro: someter y controlar a toda la sociedad, implantando un régimen de represión y control total de la población. Una vigilancia que alcanzaba todos los órdenes de la vida, no sólo en cárceles y campos de concentración, sino también en los puestos de trabajo, las casas, las escuelas… y que no sólo ejercía el Estado como tal sino que además contó con un gran aliado: la Iglesia católica. Así, la asimilación de la guerra a una cruzada determinó tanto la orientación doctrinal nacional católica que iba a seguir el régimen, como el predominio de un aparato simbólico anti modernizador que afectaría en el campo de las costumbres, los modelos de comportamiento y principalmente la concepción de cómo debía ser la mujer, principal encargada de impulsar por la senda correcta a la Nueva España que, finalmente, iba a ser una, grande y libre.

La Segunda República había supuesto para las mujeres conquistas políticas y jurídicas que impulsaban al país hacia la modernización, haciendo que el trabajo y la defensa de sus derechos fueran componentes imprescindibles para que su ciudadanía fuera completa. [ii] Sin embargo, tras el primero de abril del 39, el Fuero del trabajo –aplicado en los territorios españoles conforme los iban ganando territorio los sublevados y con una redacción muy cercana a la Carta di Lavoro de Mussolini- cumpliría la misión contraria. Será la ley que establezca unas nuevas pautas con las que vivir en España después del final de la guerra y que modifique todos los logros anteriores, limitándolos hasta casi hacerlos inexistentes. Así, el recién creado régimen franquista implanta una de las primeras leyes del nuevo Estado y le dedica a las mujeres la conocida frase: «El Estado libertará a la mujer casada del taller y de la fábrica». A continuación, se constituirá el sindicato vertical para los hombres, o sea, el silenciamiento de los derechos laborales, y, a él, estará asociado el retorno al hogar de las mujeres. [iii] Entre la promulgación del Fuero del trabajo y la del Fuero de los españoles, el 17 de julio de 1945, donde se atribuye a la familia «derechos y deberes anteriores y superiores a toda ley humana positiva» (II, 2), el Estado de Franco establece unas treinta medidas jurídicas para estimular la natalidad y disuadir de mejor o peor manera a las mujeres de realizar cualquier trabajo fuera del hogar.

La verdad es que Franco hizo cuanto pudo, y pudo mucho, para impedir que la mujer actuase en las mismas condiciones que el hombre en cualquier aspecto de la vida cotidiana que no estuviese relacionado con la iglesia, la cuna o la cocina, llegando a premiar, aunque algo tacañamente, la familia numerosa. El cuidado de sus hijos y de su casa sería uno de los métodos más seguros, bien lo sabía él, de mantener a la mujer al margen de lo laboral, mucho antes incluso de que estos hubieran nacido.

Pero no será el Caudillo, sino la Sección Femenina la encargada de llevar a la práctica la inspiración del jefe, y seguirá siendo Pilar Primo de Rivera la máxima transmisora de sus principios: «En las mujeres, el conocimiento analítico no puede perturbar las finas arterias de la feminidad» las cuales son, no podía ser de otra manera «resignación, sumisión, entrega, sacrificio, aceptación, renuncia», valores que ya «el viril, rotundo y enérgico José Antonio Primo de Rivera» había dedicado a la mujer. Y las palabras del Ausente, presente ya en esos momentos en el Valle de los Caídos, no se cuestionaban. El papel de la mujer en la nueva sociedad empezará a considerarse una de las principales cuestiones nacionales. Así, en esa época, en los cuarenta y los cincuenta, por surrealista que parezca, todo lo que ataña a la mujer será cuestionado y legislado. Hasta el atuendo femenino servirá para situar o recordar a las mujeres que están en un bando u otro, que les corresponde un papel u otro en la Nueva España. Por eso el vestir cristiano se impone con la intención de recuperar el tradicional papel femenino -«Harás patria si haces costumbres sanas con tu vestir cristiano. Decídete mujer»- [iv] seguido de consejos de cómo ir contra la moda, ocasión de despilfarro, de perniciosa autonomía y defensa de las apariencias… unas apariencias que, mal llevadas, eran signo inequívoco del descarrío al que la mujer estaba abocada.

Todo ello para llegar a una conclusión no demasiado tranquilizadora: «La guerra es de los hombres; la posguerra para las mujeres. A ellas les corresponde ahora enderezar la cotidianeidad como si nada hubiese ocurrido, hacerse el loco con respeto al pasado precisamente para no volverse locas», dirá Asumpta Roura en Mujeres para después de una guerra, y no le falta razón, aunque eso sea a fuerza de anular a la mujer, precisamente, como persona.

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[i] Las Juventudes Socialistas Unificadas – JSU era el órgano de militancia de los jóvenes militantes del Partido Comunista.

[ii] Acerca de la participación detallada de las mujeres durante la Segunda República se puede consultar mi trabajo: Con voz y voto. Mujer y política en España (1931-1945), Barcelona, Lumen (2004).

[iii] Hasta 1976 cuando entre en vigor la Ley de Relaciones Laborales, no se suprimirán todas las discriminaciones laborales de la mujer y seguirá aplicándose la legislación establecida casi desde el inicio de la Guerra Civil.

[iv] Rafael Abella (1974) La vida cotidiana durante la guerra civil, Barcelona, p. 17.